Sin embargo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos advierte que el número real de personas desplazadas podría ser significativamente mayor que los registros oficiales. Según María Inés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), Culiacán ha recibido a 652 de las familias desplazadas, la mayoría provenientes de la sindicatura rural de Tepuche, una conocida zona de conflicto criminal. El gobierno estatal informa que todas las familias registradas han recibido algún tipo de asistencia, incluyendo suministros básicos como kits de limpieza y catres, así como coordinación para la reinscripción escolar y seguimiento médico.

El número histórico total de personas desplazadas atendidas por el estado asciende a 3,309.

No obstante, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), expresó su preocupación de que estas cifras no reflejen la magnitud total del problema.

"Yo creo que son más (desplazados), pero es lo que tiene registrado Sebides, efectivamente. Pero yo creo que la cifra negra es más grande", declaró Loza Ochoa.

Señaló que sus propias estimaciones desde que comenzó el fenómeno en 2009 sugieren alrededor de 29,000 personas desplazadas en Sinaloa. La afluencia de estas familias a centros urbanos como Culiacán ha creado desafíos secundarios, como un aumento del comercio informal en el centro de la ciudad, que el gobierno municipal, bajo el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, está tratando de organizar a través del diálogo. La discrepancia entre las cifras oficiales y las estimaciones de derechos humanos resalta la dificultad de rastrear a una población móvil y a menudo temerosa, lo que apunta a una crisis humanitaria más profunda de lo que se reconoce oficialmente.