Según el parte oficial, el grupo interinstitucional repelió hasta tres agresiones distintas.

Tras controlar la situación, las autoridades confirmaron el deceso de los siete civiles, cada uno portando un arma larga.

Además del armamento que portaban los abatidos, en el lugar se aseguraron seis fusiles tipo AK-47 adicionales, 21 cargadores, 790 cartuchos útiles y diverso equipo táctico.

La Fiscalía General de la República se hizo cargo de la escena para el levantamiento de indicios. Este evento se enmarca en la intensificación de operativos en la zona, especialmente después de una emboscada el 16 de octubre en la misma región que resultó en la muerte de un Mayor de Fuerzas Especiales.

Las autoridades no reportaron bajas entre sus elementos y mantuvieron los reconocimientos terrestres y aéreos para asegurar la zona.