En un solo operativo se aseguraron 20 teléfonos celulares, 39 puntas hechizas y 26 cargadores.

Apenas tres días antes, otra inspección había arrojado el hallazgo de 10 celulares y diversas armas punzocortantes.

Una tercera revisión, realizada el 11 de noviembre, sumó otros nueve teléfonos y 17 puntas al conteo.

Estos decomisos constantes demuestran la persistencia del ingreso de objetos prohibidos, los cuales representan un riesgo para la seguridad del personal y de la propia población interna. A pesar de estos hechos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Schazarino, afirmó que en el penal “ya no persiste el autogobierno”, atribuyendo los avances a un fortalecimiento de los protocolos. Sin embargo, la facilidad con la que los internos acceden a dispositivos de comunicación y armas improvisadas sugiere que las redes de corrupción y las fallas en los filtros de acceso continúan siendo un problema sistémico. Las autoridades han declarado que los operativos continuarán de manera indefinida para erradicar estas prácticas y han puesto todo el material confiscado a disposición de la Fiscalía para determinar responsabilidades, incluyendo posibles omisiones del personal penitenciario.