El incidente ocurrió en la avenida Venustiano Carranza, donde José Luis fue embestido por una camioneta del programa Bienestar mientras atendía su puesto. El conductor, identificado como un servidor público federal adscrito al Infonavit, fue detenido en el lugar por testigos, quienes afirmaron que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

La frase que se le atribuye, “No me di cuenta”, ha circulado ampliamente, alimentando la indignación pública. A pesar de la gravedad del hecho, una jueza vinculó a proceso al funcionario por homicidio culposo, pero determinó que enfrentará el proceso en libertad, una decisión que ha sido fuertemente cuestionada.

El gobernador Rubén Rocha Moya se pronunció enfáticamente, exigiendo que “la ley debe aplicarse sin distinciones”.

De manera similar, diversas voces políticas han pedido que el caso no quede impune. La situación ha expuesto lo que algunos consideran fallas en el Código Penal de Sinaloa, que permiten que un acusado de homicidio doloso pueda cursar el proceso fuera de prisión. La muerte de “El Chapito”, un comerciante reconocido en la comunidad, se ha convertido en un símbolo de la lucha ciudadana contra la impunidad y la exigencia de que los servidores públicos rindan cuentas por sus actos, sin privilegios ni distinciones.