La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) propuso una “medida especial” bajo la sección 311 de la Ley Patriota para aislar del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego en México, entre ellos el Casino Mirage. La acusación formal indica que el “Grupo Criminal Organizado Hysa” utiliza estos negocios para facilitar el lavado de activos para el cártel.

La medida prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses mantener cuentas corresponsales utilizadas para procesar transacciones de dichos casinos. Paralelamente, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Gabinete de Seguridad, identificó 13 casinos en ocho estados, incluyendo Sinaloa, con operaciones irregulares. Se detectaron patrones como el uso masivo de efectivo, flujos internacionales hacia países como Estados Unidos y naciones europeas, y el uso de plataformas digitales no supervisadas para ocultar el origen de los fondos. El modus operandi descrito por las autoridades incluía el uso de identidades de personas vulnerables (amas de casa, estudiantes, desempleados) para legitimar los ingresos. Como resultado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.