El conductor fue identificado como Joel, un funcionario público adscrito al Infonavit.

Tras el incidente, se informó que el responsable declaró "no me di cuenta". La controversia escaló cuando una jueza vinculó a proceso al funcionario por el delito de homicidio culposo, pero determinó que podría llevar su proceso en libertad, una decisión que ha sido ampliamente criticada por la opinión pública y que, según un análisis, "exhibe fallas en el Código Penal de Sinaloa". El gobernador Rubén Rocha Moya se pronunció enfáticamente sobre el caso, declarando que la ley debe aplicarse sin distinciones y exigiendo que no haya privilegios para el responsable por su condición de servidor público. De manera similar, la diputada Tere Guerra exigió que el caso no quede impune, subrayando la conexión del acusado con el ámbito político. La secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla, confirmó la identidad y el cargo del conductor, asegurando que el gobierno estatal mantiene contacto con la familia de la víctima. Este caso ha resonado profundamente en la comunidad de Culiacán, no solo por la pérdida de un comerciante apreciado, sino por la percepción de impunidad y las dudas sobre la equidad del sistema de justicia.