Esta medida tiene un impacto social profundo en municipios como Culiacán, donde existen numerosas colonias y asentamientos que carecen de regularización. Para miles de familias en la capital sinaloense, vivir en un predio sin un título de propiedad significa una constante incertidumbre. La falta de certeza jurídica les impide acceder a créditos formales, heredar legalmente sus bienes y, en muchos casos, tener acceso a servicios públicos básicos como agua potable, drenaje y electricidad, ya que las autoridades no pueden invertir en terrenos no regularizados. El programa busca resolver esta problemática histórica, transformando la vida de los beneficiarios al convertir sus posesiones en un patrimonio legalmente reconocido. Esto no solo brinda estabilidad y seguridad a las familias, sino que también promueve el ordenamiento territorial y la integración de estas zonas a la mancha urbana formal de Culiacán. Al facilitar la escrituración, el gobierno fomenta la inversión en la mejora de las viviendas y fortalece el tejido social. La ampliación de este programa es un acto de justicia social que atiende una de las demandas más sentidas de los sectores populares y contribuye a reducir la desigualdad en la capital del estado.