Esta seguridad jurídica es fundamental, ya que les permite acceder a créditos formales, heredar legalmente sus propiedades, venderlas a un precio justo y, sobre todo, tener la tranquilidad de que su patrimonio está protegido. El hecho de que este programa haya beneficiado a más de 1,500 familias en la capital sinaloense indica un esfuerzo gubernamental sostenido por abatir el rezago histórico en la regularización de asentamientos informales. Estos procesos no solo dignifican la vida de las personas, sino que también ordenan el crecimiento de la ciudad, facilitan la introducción de servicios públicos básicos como agua potable, drenaje y electricidad, y aumentan la base predial del municipio. La regularización es un paso esencial para integrar plenamente estas comunidades al tejido urbano formal, promoviendo la igualdad y reduciendo la vulnerabilidad social.