La iniciativa, con sede administrativa en la capital, buscaba apoyar la economía familiar y aumentar la recaudación fiscal. El programa “Ponte al Corriente”, impulsado por la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya, fue una iniciativa fiscal estratégica con un doble objetivo: ofrecer un alivio financiero a los ciudadanos y mejorar los índices de recaudación del estado. El programa se dirigió específicamente a propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores con dos o más años de adeudo, proponiendo un pago único de $6,000 pesos para liquidar todas las obligaciones, incluyendo calcomanías y canje de placas.

Esto representó un descuento considerable para muchos, convirtiéndolo en una opción atractiva para regularizar su situación. La comunicación oficial, emitida desde Culiacán, enfatizó que el propósito era “apoyar a los contribuyentes a regularizar su situación en materia vehicular”.

Al establecer el 31 de diciembre como fecha límite, el SATES generó un sentido de urgencia para maximizar la participación. La facilidad de acceso, con múltiples puntos de pago como las oficinas de recaudación y el portal en línea, así como planes de 3 y 6 meses sin intereses con bancos principales, amplió el alcance del programa. Para los residentes de Culiacán, la ciudad más grande del estado, esta iniciativa ofreció una solución práctica a una carga financiera común. Para el gobierno, es una forma eficaz de actualizar los padrones vehiculares, mejorar la seguridad vial al exigir un seguro vigente y recuperar ingresos que de otro modo podrían considerarse perdidos.