El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) ha anunciado una prórroga para su programa 'Ponte al Corriente', ofreciendo a los propietarios de vehículos una nueva oportunidad para regularizar sus adeudos. La medida, que originalmente concluía el 31 de diciembre de 2025, ahora estará vigente hasta el 30 de enero de 2026, buscando beneficiar a un mayor número de contribuyentes y fomentar el cumplimiento fiscal en la entidad. El programa representa una oportunidad significativa para los ciudadanos de Culiacán y de todo el estado, ya que está dirigido específicamente a propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores que acumulen dos o más años de adeudos. Mediante un pago único de $6,000 pesos, los contribuyentes pueden liquidar su situación, incluyendo la obtención de calcomanías y el canje de placas.
Esta iniciativa, instituida por instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, tiene como finalidad explícita "apoyar a los contribuyentes a regularizar su situación en materia vehicular".
Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar sus placas anteriores, póliza de seguro vigente, comprobante de domicilio e identificación oficial (INE) para el canje, o simplemente el número de placa para la calcomanía. Es importante destacar que el programa no es aplicable para trámites de cambio de propietario ni para el alta de vehículos nuevos. Con esta extensión, el SATES busca no solo facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también contribuir al "desarrollo económico y social de Sinaloa". Además, se ofrecen facilidades de pago con tarjetas de crédito de bancos como BBVA Bancomer, Banamex, Banorte y Santander, a 3 y 6 meses sin intereses, ampliando las opciones para que los ciudadanos se pongan al día.
En resumenLa extensión del programa 'Ponte al Corriente' hasta el 30 de enero de 2026 representa un alivio financiero y administrativo para los ciudadanos de Culiacán y todo Sinaloa con adeudos vehiculares. Esta prórroga, que mantiene el pago único de $6,000 pesos para modelos 2018 y anteriores, refleja un esfuerzo de la administración estatal para facilitar la regularización fiscal y, a su vez, fortalecer las finanzas públicas.