Un detalle relevante, proporcionado por los familiares de la víctima, es que el director no había manifestado haber recibido amenazas previas al atentado. Esta ausencia de amenazas conocidas sugiere que el ataque fue premeditado y ejecutado de manera sorpresiva, lo que agrava la incertidumbre sobre los motivos y los autores intelectuales y materiales. El asesinato de un funcionario de este nivel envía un mensaje intimidatorio a otros servidores públicos y a la sociedad en general, alimentando la percepción de impunidad y de un gobierno rebasado por la delincuencia. Este suceso se enmarca en el contexto de violencia generalizada que vive la capital, donde los ataques de alto impacto se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando la gobernabilidad y la confianza ciudadana.