La operación, que dejó seis muertos, ha generado una condena internacional generalizada.

El ataque del martes 9 de septiembre tuvo como objetivo un edificio residencial donde se encontraban miembros del buró político de Hamás, quienes, según se informa, discutían una nueva propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos. Hamás confirmó que sus líderes principales sobrevivieron, pero que entre los seis fallecidos se encontraban el hijo de su negociador principal, Jalil al Hayya, y un agente de seguridad qatarí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la “responsabilidad total” de la operación, justificándola como una respuesta al atentado del día anterior en Jerusalén. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, calificó el bombardeo como “terrorismo de Estado” y una “agresión flagrante”, y advirtió que su país se reserva el derecho de responder. En una rueda de prensa, cuestionó la moralidad del ataque: “¿Cómo puede ser moralmente aceptable que seamos anfitriones de una delegación de un Estado que envía misiles contra otra delegación con la que supuestamente está negociando?”. La reacción de Estados Unidos fue matizada; la Casa Blanca lo describió como un “incidente desafortunado” y el presidente Donald Trump se distanció personalmente de la decisión. La comunidad internacional, incluyendo la ONU, la Liga Árabe y numerosas naciones, condenó la acción, lo que ha profundizado el aislamiento de Israel y ha llevado a Qatar a organizar una cumbre árabe-islámica de emergencia. Este acto ha paralizado de facto las conversaciones de paz, con el premier qatarí afirmando que el ataque “mató toda esperanza para los rehenes”.