Este hallazgo, aunque no estrictamente vinculante, aumenta significativamente la presión política y jurídica sobre el gobierno israelí y sus aliados.

El informe, elaborado por un órgano establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas” definidos en el derecho internacional: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción y imponer medidas para impedir nacimientos. Uno de los hallazgos más dramáticos es la caída de la esperanza de vida en Gaza de 75.5 a 34.9 años. La presidenta de la comisión, Navi Pillay, afirmó que “la responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias”. El informe acusa directamente al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant de “incitado a la comisión de genocidio”. Jurídicamente, la conclusión de la comisión establece una “interpretación autorizada” que genera obligaciones para otros Estados, como la de no prestar ayuda a Israel. Además, puede servir de base para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional amplíe los fundamentos de las órdenes de detención contra líderes israelíes. Israel rechazó enérgicamente el informe, calificándolo de estar basado en “falsedades” y acusando a sus autores de tener “posturas abiertamente antisemitas”.