La comisión responsabiliza directamente a altos funcionarios, nombrando al primer ministro Benjamín Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant como incitadores al genocidio.

El gobierno israelí rechazó “categóricamente este informe sesgado y mentiroso”, afirmando que se basa en “falsedades de Hamás”.

Sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, respaldó las conclusiones, declarando que ve “pruebas cada vez más evidentes” de un genocidio.

Aunque la comisión no es una instancia jurídica, sus hallazgos pueden ser utilizados como prueba en tribunales como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.