El sistema de salud en la Franja de Gaza se encuentra al borde del colapso total debido a los ataques sistemáticos de Israel contra instalaciones médicas, que han dejado fuera de servicio los últimos hospitales de especialidades. Organizaciones internacionales y el Ministerio de Salud gazatí denuncian una política deliberada para desmantelar la infraestructura sanitaria en medio de la ofensiva militar. Entre los incidentes más graves se encuentra la destrucción del principal centro de la Sociedad Palestina de Socorro Médico en la Ciudad de Gaza, un edificio de seis pisos que proporcionaba servicios clave como donación de sangre y tratamiento contra el cáncer. Además, el Ministerio de Salud gazatí anunció el cierre de los dos últimos hospitales especializados que quedaban: el Hospital Infantil Al-Rantisi y el Hospital de Especialidades Oftalmológicas San Juan. Las autoridades de Gaza acusaron al ejército israelí de lanzar tres ataques consecutivos contra el hospital infantil, donde se encontraban 80 pacientes, incluyendo niños en cuidados intensivos y bebés prematuros.
Aunque la mitad logró evacuar, el resto quedó atrapado con personal médico reducido. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó los hechos con un enérgico llamado: “Los ataques a instalaciones de salud deben terminar.
¡Alto el fuego!”.
Israel justifica estas acciones acusando a Hamás de utilizar instalaciones médicas con fines militares, aunque los artículos señalan que a menudo proporciona poca o ninguna evidencia para respaldar estas afirmaciones.
El ministerio gazatí afirma que la “ocupación ataca de forma deliberada y sistemática el sistema sanitario” como parte de una “política genocida”.
En resumenLos ataques dirigidos y el cierre forzado de hospitales en Gaza han desmantelado el sistema de salud, dejando a una población civil extremadamente vulnerable sin acceso a atención médica crítica. A pesar de las justificaciones de Israel sobre el uso militar de estas instalaciones por parte de Hamás, la comunidad internacional y las organizaciones de salud denuncian estas acciones como violaciones del derecho humanitario que agravan una catástrofe de salud pública sin precedentes.