Paralelamente a la condena diplomática, se están articulando medidas legales y económicas concretas para presionar a Israel por su conducta en la guerra de Gaza y la ocupación de territorios palestinos. Una coalición de 34 naciones y un informe actualizado de la ONU sobre empresas en asentamientos ilegales marcan un endurecimiento de la postura internacional. El "Grupo de La Haya", una iniciativa liderada por Colombia y Sudáfrica que incluye a países como España, México, Turquía y Brasil, se reunió en Nueva York para coordinar un plan de acción conjunto que busca "poner fin a la impunidad" de Israel. Entre las medidas propuestas se encuentran la prohibición de exportaciones de uso militar a Israel, la revisión de contratos públicos para no financiar la ocupación y la imposición de un embargo energético.
Los líderes del grupo afirmaron que estas acciones no son "opcionales", sino "vinculantes" bajo la Convención sobre el Genocidio.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actualizó su base de datos de empresas vinculadas a los asentamientos israelíes, considerados ilegales bajo el derecho internacional. La lista creció de 97 a 158 compañías de 11 países.
Entre las nuevas incorporaciones se encuentran gigantes como Booking Holdings Inc. (matriz de Booking.com), Expedia Group Inc.
y la constructora española ACS. Las actividades señaladas incluyen la construcción en asentamientos, la explotación de recursos naturales y los servicios de vigilancia.
En resumenLa comunidad internacional está transitando de la condena verbal a acciones tangibles para presionar a Israel. La coordinación de sanciones por parte del "Grupo de La Haya" y la ampliación de la "lista negra" de empresas de la ONU reflejan un esfuerzo concertado para imponer costos económicos y legales a la ocupación y a las acciones militares en Gaza.