Microsoft suspende servicios a Defensa de Israel por vigilancia masiva

Microsoft ha deshabilitado un conjunto de servicios de nube e inteligencia artificial (IA) a una unidad del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD) por utilizar su tecnología para la vigilancia masiva de civiles en Gaza y Cisjordania. La medida responde a una investigación periodística y a la presión de un grupo de empleados de la propia compañía. La decisión fue anunciada por el presidente de Microsoft, Brad Smith, en una entrada de blog, tras una revisión interna que confirmó las acusaciones publicadas por el diario *The Guardian* el 6 de agosto. Dicho reportaje afirmaba que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) usaban la plataforma en la nube Azure de Microsoft para almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidos mediante una vigilancia masiva de civiles. Smith declaró: “hemos encontrado evidencia que respalda elementos del reportaje de The Guardian”, especificando que esta evidencia se relaciona con “el consumo de capacidad de almacenamiento de Azure por parte del IMOD en los Países Bajos y el uso de servicios de IA”. La compañía fundamentó su acción en sus principios corporativos de no proporcionar tecnología para facilitar la vigilancia masiva y el respeto a la privacidad del cliente. El corte de servicios es selectivo y afecta suscripciones específicas de almacenamiento en la nube y tecnologías de IA, pero no impacta el trabajo de ciberseguridad que Microsoft ofrece a Israel.

Esta medida fue precedida por casi un año de protestas internas del grupo “No Azure For Apartheid”, compuesto por unos 200 empleados y exempleados.

Organizaciones como Amnistía Internacional celebraron la decisión, aunque la consideraron insuficiente, exigiendo una investigación de todos los contratos de Microsoft con Israel.

En resumen

La suspensión de servicios de Microsoft al Ministerio de Defensa de Israel marca un hito en la responsabilidad corporativa del sector tecnológico frente al uso de sus herramientas por parte de un Estado. Impulsada por la presión mediática e interna, la decisión evidencia la creciente tensión entre los negocios de alta tecnología y las implicaciones en derechos humanos.

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