La compañía enfrentaba una creciente presión tanto interna como externa.

Un grupo de unos 200 empleados y exempleados, autodenominado “No Azure For Apartheid”, llevaba casi un año protestando y acusando a la empresa de beneficiarse de la muerte de civiles. La presión escaló a protestas públicas que interrumpieron discursos de altos ejecutivos como Satya Nadella y Bill Gates. Además, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional habían exigido a la empresa investigar sus contratos con Israel. Aunque Amnistía calificó la medida de “insuficiente”, la consideró una “señal enérgica” para que otras tecnológicas revisen su participación en el conflicto.