La situación generó una fuerte reacción internacional.

El gobierno turco calificó la interceptación como un "acto de terrorismo" y prometió acciones legales.

Los primeros activistas deportados, al llegar a Estambul, denunciaron haber sido víctimas de violencia y trato humillante.

Un político italiano, Paolo Romano, relató: "Nos obligaron a arrodillarnos, nos golpeaban si movíamos la cabeza. Nos insultaron y apuntaron con armas. Nos trataron como animales".

Además, al menos 22 de los detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta, rechazando ser alimentados "por la misma entidad que perpetra una campaña de hambruna genocida contra millones de palestinos".