La operación resultó en la detención de más de 400 activistas de diversas nacionalidades, generando una crisis diplomática y denuncias de maltrato.

Entre los detenidos se encontraban seis ciudadanos mexicanos y la activista climática sueca Greta Thunberg.

El gobierno de México envió cuatro notas diplomáticas a Israel para exigir garantías sobre la integridad física de sus connacionales y su pronta repatriación, la cual fue finalmente autorizada.

Varios activistas deportados denunciaron haber sufrido abusos.

El activista turco Ersin Celik afirmó que Thunberg fue “arrastrada del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí”. Otro activista, Paolo Romano, relató: “Nos obligaron a arrodillarnos, nos golpeaban si movíamos la cabeza. Nos insultaron y apuntaron con armas. Nos trataron como animales”.

El gobierno de Israel negó categóricamente estas acusaciones, calificándolas de “mentiras descaradas” y “ridículas”, asegurando que “todos los derechos legales de los detenidos están siendo respetados”. En respuesta a su detención, al menos 22 activistas, incluidos cinco españoles, iniciaron una huelga de hambre para protestar contra lo que llamaron la “campaña de hambruna genocida” de Israel contra los palestinos. El gobierno de Turquía calificó la interceptación como un “acto de terrorismo” y anunció una investigación.