La acción, calificada como "piratería estatal" y "secuestro ilegal" por los organizadores, ha generado denuncias de maltrato y violaciones al derecho internacional. Las embarcaciones, pertenecientes a la "Flotilla de la Libertad" y la "Global Sumud Flotilla", transportaban ayuda médica y alimentaria. Un total de 145 integrantes fueron trasladados a la prisión de Ktziot, en el desierto del Néguev. La ONG árabe-israelí Adalah, que representa legalmente a los activistas, denunció que los detenidos sufrieron "agresiones físicas y verbales, periodos largos al sol, confiscación de pertenencias personales y condiciones inadecuadas de detención". Adalah subrayó que el asalto a civiles desarmados en aguas internacionales constituye "una grave violación del Derecho Internacional" y demuestra "la impunidad con la que sigue actuando Israel".

Entre los detenidos se encontraban ciudadanos de España, México, Túnez, Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá.

Al menos 22 activistas, incluidos seis españoles, iniciaron una huelga de hambre en protesta, rechazando ser alimentados "por la misma entidad que perpetra una campaña de hambruna genocida".

Posteriormente, los activistas fueron deportados.

Un grupo de 45 personas fue liberado a través de Jordania, mientras que los seis connacionales mexicanos, tras gestiones diplomáticas, también fueron repatriados vía Amán, acompañados por embajadores mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum había exigido su liberación, afirmando que "no cometieron ningún delito".