La controversia se ha intensificado en dos frentes internacionales clave. Por un lado, un informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, ha sido particularmente contundente, describiendo la ofensiva israelí en Gaza como un “genocidio colectivo” y denunciando la “complicidad internacional”. La respuesta de Israel fue hostil; su embajador ante la ONU, Danny Danon, calificó a Albanese de “bruja”. La relatora, por su parte, afirmó que usaría todos los poderes a su alcance para detener los crímenes.
Por otro lado, la acusación de genocidio fue llevada a un foro económico global por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Durante su intervención en la cumbre de la APEC, Boric hizo un llamado “a respetar el derecho internacional, tanto en el conflicto en el mundo árabe con el genocidio a Palestina llevado a cabo por el gobierno de Israel o con la invasión ilegítima de Rusia en Ucrania”. La declaración de un jefe de Estado en un evento de esta magnitud eleva la presión política sobre Israel, trasladando el debate desde los organismos de derechos humanos a las relaciones interestatales y poniendo de relieve el creciente aislamiento diplomático del gobierno de Netanyahu respecto a sus acciones militares en Gaza.











