En una declaración oficial, Katz afirmó que, dada la gravedad del caso, la fiscal no regresaría a sus funciones. Esta declaración no solo confirma la salida de Yerushalmi, sino que también subraya la seriedad con la que el estamento político y de defensa está tratando el incidente. Este evento es significativo porque representa un caso poco común de rendición de cuentas a un alto nivel dentro de la estructura militar israelí por cuestiones relacionadas con el trato a los prisioneros palestinos. El escándalo pone de manifiesto las profundas divisiones y los debates éticos que existen dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre su conducta, sacando a la luz problemas que a menudo permanecen ocultos al escrutinio público.