A nivel internacional, la medida ha sido duramente criticada. Hamás la calificó como una “muestra del rostro fascista de la ocupación sionista” y pidió la intervención de comités internacionales. Organizaciones de derechos humanos y líderes mundiales han advertido que la ley podría violar normativas internacionales, agravar la espiral de violencia y poner en mayor riesgo a los cautivos israelíes. Los críticos también señalan que podría institucionalizar una justicia desigual, aplicable solo a palestinos, mientras que los israelíes acusados de crímenes similares quedarían exentos.