No habrá discrecionalidad judicial".

La ley propuesta haría obligatoria la pena capital para quienes cometan asesinatos por motivos racistas o nacionalistas, eliminando la capacidad de un tribunal para reducir la condena. La medida llega en un momento en que Netanyahu enfrenta presiones de sus socios de coalición de extrema derecha; Ben Gvir había amenazado con romper con el gobierno si el proyecto no se votaba antes del 9 de noviembre. Sus partidarios, como el general de brigada Gal Hirsch, coordinador de rehenes y desaparecidos, argumentan que la ley "es una herramienta para combatir el terrorismo y garantizar la liberación de rehenes". Sin embargo, asesores legales de la Knéset han advertido que el proceso legislativo podría ser inválido al no haberse consultado a todos los organismos de seguridad. Hamás condenó inmediatamente la propuesta, calificándola de "muestra del rostro fascista de la ocupación sionista". Organizaciones de derechos humanos y líderes internacionales han advertido que la ley podría violar normas internacionales y agravar la violencia.