Sin embargo, la propuesta enfrenta obstáculos legales y una fuerte oposición.

Asesores legales de la Knéset advirtieron que el proceso legislativo podría ser inválido por no haber consultado a todos los organismos de seguridad. Por su parte, el movimiento Hamás condenó la ley, calificándola como una “muestra del rostro fascista de la ocupación sionista” y exigió la intervención de comités internacionales para inspeccionar las condiciones de los más de 10,000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Críticos y organizaciones de derechos humanos temen que la ley institucionalice una justicia desigual, aplicable solo a palestinos, y advierten que podría agravar la espiral de violencia en la región en lugar de disuadirla.