El ministro Ben-Gvir justificó la ley como una herramienta de disuasión tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, declarando: “Así es como combatimos el terrorismo; así es como creamos disuasión.

Una vez que la ley sea aprobada definitivamente, los terroristas solo irán al infierno”.

El proyecto de ley, que aún debe pasar por dos lecturas más, ha sido diseñado para aplicarse exclusivamente a palestinos condenados por el asesinato de israelíes.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) lo calificó como un “crimen político, jurídico y humanitario”. Amnistía Internacional advirtió que la ley “afianzaría la discriminación sistémica contra los palestinos”. La oposición dentro de Israel también es notable; el ex primer ministro Yair Lapid se negó a apoyarla, argumentando que “no detendrá el terror, pero sí dañará la imagen democrática de Israel”. Además, legisladores como Tzvika Foghel, del partido de Ben-Gvir, han señalado que la ley impediría futuros acuerdos de liberación de prisioneros, un tema sensible en la política israelí. Desde 1962, con la ejecución de Adolf Eichmann, no se ha aplicado la pena de muerte en un juicio civil en el país.