El proyecto legislativo ha generado un profundo debate tanto a nivel nacional como internacional.

Ben-Gvir defendió la medida como una herramienta de disuasión contra el "terrorismo árabe", declarando tras la votación: "Así es como combatimos el terrorismo... Cuando esta ley se apruebe definitivamente, los terroristas sólo serán liberados para ir al infierno". La propuesta surge como una respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y busca, según sus partidarios como el legislador Tzvika Foghel, impedir futuros acuerdos de liberación de prisioneros.

Sin embargo, la oposición ha mostrado su rechazo.

El líder opositor Yair Lapid afirmó que no apoyaría la ley, argumentando que "no detendrá el terror, pero sí dañará la imagen democrática de Israel ante el mundo".

Organizaciones de derechos humanos también han condenado la medida. Amnistía Internacional advirtió que la ley "afianzaría la discriminación sistémica contra los palestinos", mientras que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) la calificó como un "crimen político, jurídico y humanitario". Israel abolió la pena de muerte para asesinatos en 1954 y solo ha ejecutado a una persona por la vía civil, Adolf Eichmann, en 1962. La reinstauración de esta pena representaría un cambio drástico en la política judicial del país.