Afirma que nunca se presentaron cargos en su contra y que su detención se prolongaba automáticamente.

Israel instauró el estatus de "combatiente ilegal" en una ley de 2002, aplicable a cualquier persona que "haya participado directa o indirectamente en actos hostiles contra el Estado de Israel". Amnistía Internacional ya en 2024 solicitó la derogación de esta ley, argumentando que permite "sumir en una especie de agujero negro" a civiles arrestados arbitrariamente.

Naji Abás, de la organización Médicos por los Derechos Humanos, afirma que para estos detenidos, "el abogado es la única conexión con el exterior", pero conseguir visitas es extremadamente difícil.