Según esta ley, cualquier persona que participe en “actos hostiles” contra Israel puede ser clasificada como tal. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado esta ley, afirmando que permite sumir a los detenidos en una especie de “agujero negro” legal, privándolos de contacto con el exterior. Naji Abás, de Médicos por los Derechos Humanos, afirma que “el abogado es la única conexión con el exterior” para estos prisioneros, pero conseguir visitas es extremadamente difícil.