El proyecto ya fue aprobado en una primera votación en la Knéset (Parlamento israelí), aunque todavía debe superar varias etapas legislativas antes de convertirse en ley. La propuesta ha encendido un debate ético significativo, centrado en el papel de los profesionales de la salud en las ejecuciones estatales. La Asociación Médica Israelí se ha opuesto frontalmente a la medida, declarando que los médicos del país no participarán en ninguna ejecución “de manera activa o pasiva”. En un pronunciamiento contundente, la asociación afirmó que “un médico no debe ser un agente del Estado” en la aplicación de la pena capital. Esta postura plantea un obstáculo práctico y moral para la implementación de la ley tal como está redactada, ya que la administración de una inyección letal requiere conocimientos médicos especializados. El debate continúa mientras el proyecto de ley avanza en su recorrido legislativo, enfrentando la disyuntiva entre las demandas de seguridad y los principios éticos de la profesión médica.