Durante su detención, afirma haber sufrido “unos cien días de tortura”, permaneciendo con las manos atadas y los ojos vendados, y con la prohibición de hablar. Fue liberado en el marco del acuerdo de alto el fuego de octubre, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Su caso ilustra la aplicación de la ley de “combatientes ilegales” de 2002, que define así a cualquier persona que participe en “actos hostiles” contra Israel. Esta figura legal no existe en los Convenios de Ginebra y no otorga a los detenidos las garantías de los prisioneros de guerra. Amnistía Internacional ya había solicitado en 2024 la derogación de esta ley, argumentando que permite arrestos “arbitrarios”.

Organizaciones como Médicos por los Derechos Humanos denuncian las enormes dificultades para que los abogados puedan visitar a estos detenidos, siendo este su único contacto con el exterior.