La enmienda más reciente especifica que la pena capital se aplicaría mediante inyección letal, un método que requiere la participación de personal médico. Esta disposición ha provocado un rechazo frontal por parte de la Asociación Médica Israelí.

La organización ha manifestado públicamente su oposición a que los médicos del país participen en ejecuciones, ya sea de manera activa o pasiva. La postura de la asociación se basa en principios éticos fundamentales de la profesión médica, que prohíben causar daño intencionadamente. En su declaración, la asociación subraya que "un médico no debe ser un agente del Estado" en el acto de quitar una vida. Este posicionamiento crea un dilema ético y profesional significativo, planteando dudas sobre la viabilidad de la implementación de la ley en caso de ser aprobada definitivamente, ya que la cooperación del personal de salud sería indispensable para llevar a cabo las ejecuciones por inyección letal.