La controversia se ha centrado en una enmienda reciente que estipula que la pena capital se aplicaría por inyección letal. Esta disposición ha provocado una reacción frontal de la comunidad médica del país. La Asociación Médica Israelí (IMA, por sus siglas en inglés) se ha opuesto firmemente a que los médicos participen en ejecuciones, ya sea de manera activa o pasiva. La postura de la asociación se basa en un principio ético fundamental de la profesión médica, que es preservar la vida y no participar en actos que la terminen deliberadamente. Un representante de la asociación declaró que “un médico no debe ser un agente del Estado” en este tipo de procedimientos, argumentando que la implicación de personal sanitario en una ejecución violaría los principios deontológicos más básicos de la medicina. Esta oposición plantea un desafío significativo para la implementación de la ley, en caso de ser aprobada, ya que la administración de una inyección letal generalmente requiere de conocimientos médicos para ser llevada a cabo. El debate pone de manifiesto la tensión entre las políticas de seguridad del gobierno y la ética profesional de la comunidad médica en Israel.