Según su testimonio, las fuerzas israelíes ingresaron al complejo con motocicletas policiales, camiones y montacargas, cortaron todas las comunicaciones y confiscaron muebles, equipos informáticos y otros bienes.

Este acto se produce en un contexto de creciente hostilidad hacia la agencia, que culminó con la prohibición de sus actividades en Israel por parte del Parlamento israelí (Knéset) a principios de año, bajo la acusación de una supuesta conexión entre trabajadores de la UNRWA y Hamás. Lazzarini ha calificado estas acusaciones como una “campaña de desinformación a gran escala”, destacando que la Corte Internacional de Justicia determinó que Israel no había fundamentado dichas alegaciones. El Comisionado recordó que la agencia ya se había visto obligada a desalojar el complejo debido a meses de acoso, ataques incendiarios y manifestaciones de odio. Lazzarini insistió en que, independientemente de las medidas nacionales, el complejo conserva su estatus de recinto de la ONU, protegido por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, de la que Israel es parte. Concluyó advirtiendo que permitir esta acción sienta un “precedente peligroso” para la presencia de la ONU en cualquier parte del mundo.