La decisión implica que las ONG afectadas tienen un plazo de 60 días para retirar a todo su personal internacional no solo de Gaza, sino también de Cisjordania ocupada e Israel. La prohibición se basa en la implementación de lo que las organizaciones han calificado como “draconianos procedimientos de registro”. En un comunicado conjunto, diversas ONG denunciaron que el nuevo sistema israelí impone requisitos incompatibles con los principios humanitarios y se basa en criterios “vagos, arbitrarios y altamente politizados”.

Esta acción amenaza directamente la continuidad de la respuesta humanitaria en un territorio que enfrenta una crisis severa, con una población dependiente de la ayuda exterior para su supervivencia. La medida se suma a otros obstáculos que, según la ONU, dificultan la entrega de asistencia, como la limitación de rutas y cruces abiertos, y restricciones a ciertos artículos. La prohibición de organizaciones con amplia experiencia y capacidad operativa en el terreno podría tener un impacto crítico en la distribución de alimentos, atención médica y otros servicios esenciales para los casi dos millones de desplazados en Gaza. La comunidad humanitaria ha instado a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Tel Aviv para revertir una decisión que pone en grave riesgo la vida de la población civil palestina.