Esta acción ha sido calificada como una violación del derecho internacional y un obstáculo para la paz duradera en la región.

La declaración conjunta, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, representa una reprimenda diplomática significativa contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Los firmantes —Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido— reiteraron su "clara oposición a cualquier forma de anexión así como al desarrollo de la política de colonización". El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, declaró abiertamente que la medida busca impedir la creación de un Estado palestino, lo que confirma las preocupaciones de la comunidad internacional. Con esta decisión, el número total de asentamientos autorizados en los últimos tres años asciende a 69. Los países firmantes instaron a Israel a reconsiderar su decisión, citando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el cese de la expansión de las colonias. La medida es vista como una acción unilateral que compromete los esfuerzos para avanzar hacia la segunda fase del plan de paz para Gaza y socava la solución de dos Estados, que sigue siendo la base de la paz defendida por estas naciones. Más de 500,000 israelíes viven actualmente en asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por la ONU, en un territorio donde residen tres millones de palestinos. El grupo islamista Hamás también condenó la medida, calificándola de "anexión progresiva" y una "herramienta de desplazamiento".