El anuncio fue realizado por el gabinete de seguridad israelí. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, declaró que la medida busca explícitamente impedir la creación de un Estado palestino.

Con esta decisión, el total de asentamientos autorizados en los últimos tres años asciende a 69.

La respuesta internacional fue inmediata, con un comunicado conjunto de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, Irlanda, Islandia, Japón, Malta, Países Bajos, Noruega y Reino Unido. En el texto, los países firmantes reiteraron su “clara oposición a cualquier forma de anexión así como al desarrollo de la política de colonización”, calificándola de “violación del derecho internacional” y un riesgo para la paz. En una desafiante respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó las críticas de “moralmente incorrectas y discriminatorias contra los judíos”. Saar afirmó que “los gobiernos extranjeros no restringirán el derecho de los judíos a vivir en la Tierra de Israel”. Esta dinámica de expansión, seguida de condena internacional y una réplica desafiante por parte de Israel, subraya el profundo estancamiento del proceso de paz.