Además, las nuevas normativas permiten denegar permisos a ONG que promuevan boicots, campañas de deslegitimación contra Israel o nieguen su existencia como Estado judío. MSF declaró no haber recibido una notificación oficial y advirtió que su retirada forzosa tendría "consecuencias devastadoras" para los palestinos, ya que la organización gestiona el 20% de las camas de hospital en Gaza y asiste en uno de cada tres partos. La organización aseguró tomarse las acusaciones "muy en serio" y reiteró que "nunca" contrataría a sabiendas a personal involucrado en actividades militares.
La decisión ha generado una fuerte condena internacional.
Un grupo de 10 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Japón, expresó su "grave preocupación" por el "nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza", advirtiendo que "uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerrará si se detienen estas operaciones".













