La medida, que amenaza con agravar la ya catastrófica crisis humanitaria en los territorios palestinos, ha sido condenada enérgicamente por la comunidad internacional. La decisión se fundamenta en una nueva normativa que obliga a las ONG a entregar listas completas de sus empleados locales para una revisión de seguridad. Según el Ministerio israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, las organizaciones afectadas no proporcionaron información “completa y verificable”. El ministro Amichai Chikli declaró: “El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas no lo es”. Israel ha acusado directamente a MSF, sin presentar pruebas públicas, de emplear a personas con vínculos con Hamás y la Yihad Islámica.

Las ONG, por su parte, han calificado la solicitud de preocupante y carente de garantías.

La respuesta internacional ha sido contundente. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión de “escandalosa”, mientras que la Unión Europea exigió el levantamiento de “todas las barreras” al acceso humanitario. Un grupo de diez naciones occidentales, entre ellas Francia, Reino Unido y Canadá, advirtió que la medida podría forzar el cierre de operaciones en 60 días, lo que implicaría que “uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerrará”. Esta acción se suma a la prohibición previa a la UNRWA de operar en territorio israelí y a la aprobación de leyes para cortar el suministro de agua y electricidad a sus instalaciones, consolidando un bloqueo a la infraestructura de asistencia humanitaria.