La prohibición, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, se debe a que las ONG, entre ellas actores clave como Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam y CARE, se negaron a cumplir con una nueva normativa que les exige entregar listas completas de sus empleados palestinos. Israel argumenta que la medida busca impedir la infiltración de "operadores terroristas". MSF advirtió que las consecuencias serían "devastadoras", ya que la organización apoya una de cada cinco camas de hospital en Gaza. La medida se suma a una legislación aprobada por el Parlamento israelí para cortar el suministro de agua y electricidad a las instalaciones de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La situación humanitaria es calamitosa: más de un millón de personas necesitan refugio digno, las lluvias invernales han inundado los campamentos improvisados y, según la ONU, el 77% de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda. El gobierno de Gaza denuncia que, durante el cese al fuego vigente desde octubre, solo ha ingresado el 41% de la ayuda pactada.

Diez naciones occidentales, incluyendo Francia, Reino Unido y Canadá, emitieron una declaración conjunta expresando su "grave preocupación" y calificando la situación como "catastrófica".