La situación provocó la intervención de la Fiscalía, Fuerza Civil y la Procuraduría del Medio Ambiente, así como una enérgica respuesta del gobernador Samuel García, quien prometió aplicar la “máxima sanción” si se confirman los hechos. Activistas y usuarios en redes sociales acusaron que el alcalde Jesús Nava presuntamente dio la indicación de no comprar alimento, lo que habría llevado a la muerte de los animales. Ante la gravedad de las acusaciones, la División Ambiental del Gobierno de Nuevo León realizó una inspección y clausuró temporalmente el centro, citando irregularidades como la falta de registros, bitácoras y expedientes de los 79 ejemplares encontrados, además de falta de limpieza y animales con visible estado de maltrato y desnutrición. Sin embargo, la Procuraduría Ambiental del Estado, en una inspección posterior, descartó el maltrato y la muerte de los perros, señalando que se encontraban en buen estado de salud y con alimento suficiente. Esta inspección resultó en una clausura parcial, limitando la recepción de nuevos animales hasta que se presenten los expedientes de los ya resguardados.

El alcalde Jesús Nava Rivera negó categóricamente las acusaciones, afirmando: “Jamás permitiría que estos perritos abandonados y sin hogar se les maltratara o dejar morir de hambre. Niego categóricamente la muerte de 70 perritos.

Los perritos se encuentran vivos y con las debidas atenciones”.

El gobierno municipal aseguró que el centro continúa operando para los animales que ya alberga y que los expedientes solicitados serían entregados para levantar la restricción.

La investigación sigue en curso para esclarecer las denuncias y determinar responsabilidades.