La obra, con una inversión estimada de 1,500 millones de pesos y una extensión de 2.24 kilómetros, está diseñada para dar servicio a aproximadamente 24,200 vehículos diarios. El trazado comenzará en la calle Río Tamuin en Lázaro Cárdenas, conectará con el camino hacia el Poder Judicial de la Federación, cruzará Gómez Morín con un paso elevado hasta Morones Prieto e incluirá una gaza de conexión con la avenida San Francisco. A pesar de los beneficios esperados en la fluidez del tránsito, el proyecto ha generado preocupación entre colectivos ciudadanos por su posible impacto en el patrimonio histórico. Se ha advertido que en la zona de la obra existen alrededor de 200 inmuebles registrados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que podría generar conflictos durante la construcción. No obstante, las autoridades han defendido la necesidad de la obra para hacer frente a los desafíos de movilidad de una zona metropolitana con más de 6 millones de habitantes, argumentando que es una solución necesaria para mejorar la calidad de vida y reducir los tiempos de traslado.