En respuesta, el gobierno de Nuevo León, a través del presidente ejecutivo del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, calificó la clausura como un acto “politizado, irregular y sin fundamento”. Bichara argumentó que la PROFEPA comunicó el cierre antes de concluir formalmente las actas de inspección y anunció que interpondrán recursos legales para revertir la medida. Además, el Consejo decidió suspender la recepción de nuevos animales de la PROFEPA y analiza la posibilidad de devolver los 91 ejemplares que ya resguarda en nombre de la dependencia federal. La clausura ha generado sorpresa entre los visitantes y ha abierto un debate sobre la gestión del zoológico y la coordinación entre autoridades estatales y federales.