La medida se enmarca también en una estrategia para mejorar la calidad del aire, ya que las partículas PM10 y PM2.5 emitidas por estas industrias son una fuente importante de contaminación, especialmente durante el invierno. Sin embargo, la industria de materiales pétreos ha reaccionado enérgicamente, acusando al gobierno estatal de ejercer presión y presunta extorsión para obtener aportaciones millonarias, supuestamente destinadas a proyectos del Mundial de Fútbol. Como consecuencia de las suspensiones, empresarios de la construcción han reportado desabasto de arena, grava y concreto, lo que ha afectado obras públicas y privadas.

En respuesta, camioneros y trabajadores del sector han realizado protestas, incluyendo un bloqueo en la Carretera Nacional.

El gobierno estatal ha negado las acusaciones de extorsión y sostiene que el 30% de las pedreras permanecen cerradas por incumplimiento de normativas, instando a las empresas a regularizar su situación para poder operar.