Expertos estiman que la reducción es de hasta un 50%, lo que habría contribuido a inundaciones atípicas registradas en meses recientes.

Posteriormente, se identificaron al menos otras 12 obstrucciones en "bocatormentas" y un colector a lo largo del trazo.

El municipio de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, afirmó haber notificado al gobierno estatal sobre los daños desde el 25 de agosto, dos meses antes de que la situación se hiciera pública, sin recibir una solución. La administración estatal, por su parte, reconoció las afectaciones, pero Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, minimizó el impacto, negando que fueran la causa de las inundaciones y asegurando que las obras son seguras. La propuesta estatal de reparar el daño con un sistema de "bypass" fue calificada como inviable por especialistas. La situación escaló en el ámbito político, donde diputados del PAN y PRI en el Congreso local exigieron la renuncia de Villarreal, acusando al gobierno de improvisación y negligencia. El PAN solicitó formalmente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión urgente de la obra.

Además, se reveló que el tramo donde ocurrieron los daños se construyó sin los permisos municipales correspondientes, lo que agrava la irregularidad del proyecto.