El Gobierno de Nuevo León ha puesto en marcha el Registro Estatal de Deudores de Alimentos, una nueva política pública que impone significativas restricciones civiles y administrativas para sancionar a quienes incumplan con el pago de la pensión alimenticia. La medida, presentada por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las personas inscritas en este registro enfrentarán consecuencias directas en su vida cotidiana: no podrán obtener ni renovar su licencia de conducir, contraer matrimonio por la vía civil, participar en procesos de adopción, ni aspirar a cargos públicos, ya sea de elección popular o en el poder judicial como jueces o magistrados.
El gobernador García fue enfático al respecto: “A partir de hoy, quien no cumpla con sus hijos, no solo enfrentará consecuencias económicas, sino también sociales.
El Estado les dará la espalda”. Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que la iniciativa representa un avance en la defensa de las madres y la protección de la infancia, afirmando que “la paternidad es un acto de responsabilidad y amor.
No vamos a permitir que el abandono sea invisible”.
Esta ley forma parte de un paquete de reformas más amplio que incluye la creación de registros de agresores sexuales y violentadores familiares, así como una iniciativa penal que castiga con hasta cinco años de prisión a quienes simulen ingresos bajos para evadir sus obligaciones alimentarias.
En resumenCon la entrada en vigor del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, Nuevo León establece un mecanismo de presión social y legal para forzar el cumplimiento de las pensiones, imponiendo restricciones significativas que afectan la vida civil y profesional de los deudores.