Estas modificaciones buscan cerrar las lagunas legales existentes y proteger principalmente a niñas, niños y adolescentes en el ciberespacio.

Las reformas contemplan penas que van desde los 4 años y medio hasta los 9 años de prisión para quienes cometan el delito contra la intimidad personal.

Específicamente, se castigará a quien, sin consentimiento, difunda, publique o exhiba imágenes, audios o videos de contenido erótico o sexual, ya sean auténticos o alterados mediante herramientas como la inteligencia artificial. La nueva legislación establece como agravante el hecho de que se realice manipulación, chantaje o coacción previa a la consumación del delito, especialmente contra menores de edad. El diputado de Morena, Jesús Elizondo, promovente de la iniciativa, destacó la urgencia de la medida, citando datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado que indican que "en Nuevo León el 35 por ciento de los casos de abuso sexual infantil registrados, iniciaron con contacto en línea". La reforma fue respaldada por diversas bancadas, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal para combatir las nuevas formas de violencia que surgen en los medios digitales y garantizar la protección integral de los menores.