Actualmente, el inmueble es ocupado por la Secretaría de Participación Ciudadana, donde se entregan apoyos del programa Tarjeta Regia. La inversión en la restauración y renta del edificio ha sido considerable.

Inicialmente, se pactó una renta de 12.3 millones de pesos por cinco años y 7.3 millones para rehabilitación. Posteriormente, el 15 de febrero de 2024, el Cabildo autorizó un nuevo contrato por 10 años con una inversión máxima de 18 millones para rehabilitación, elevando el gasto total a un mínimo de 38.8 millones de pesos durante la década, sin contar ajustes por inflación. La decisión de transformar un proyecto cultural en oficinas administrativas ha sido criticada por la privatización implícita de un espacio público y la desviación del plan original que buscaba enriquecer la oferta cultural de la ciudad.