Las reformas, que modifican los artículos 124 y 140 del Código Penal, fueron impulsadas por legisladores de diversas bancadas, incluyendo PAN, PRI y Morena.

Con los cambios, la prescripción de la acción penal en estos casos comenzará a correr hasta que la víctima cumpla 18 años, y el plazo nunca podrá ser menor a cinco años. La diputada Cecilia Robledo Suárez (PAN) destacó la importancia de la reforma, argumentando que las víctimas menores de edad a menudo enfrentan "miedo, silencio y muchas veces la imposibilidad de pedir ayuda", por lo que el sistema no debe limitarlos por el tiempo. Por su parte, Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, aseguró que la medida armoniza la legislación local con el Código Penal Federal y garantiza la seguridad de niñas, niños y adolescentes "en un crimen que no tiene nombre". Berenice Martínez Díaz, de Morena, señaló que el trauma y la revictimización suelen impedir que las denuncias se presenten de inmediato, por lo que es fundamental que el tiempo no se convierta en un refugio para los agresores. La aprobación de esta reforma alinea la legislación de Nuevo León con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con estándares internacionales en materia de derechos humanos, asegurando que la justicia no tenga fecha de caducidad para las víctimas más vulnerables.